miércoles, 12 de abril de 2017

Rodríguez Saá y Ponce sellaron su acuerdo político con dos expropiaciones.


El gobernador y el intendente de San Luis presentaron una nota a través de sus ediles en el Concejo Deliberante para tomar posesión de 300 hectáreas que pertenecen al Gobierno Nacional.

14 hectáreas de la Estación del ex-sistema ferroviario General San Martín y 282 hectáreas del predio conocido como “Granja La Amalia” fueron expropiados por el Concejo Deliberante en una sesión irregular.

La iniciativa entró al recinto de sesiones sin pasar por la Comisión de Interbloques y sin tener estado legislativo. Nunca fue discutida por los jefes de bancada. José Dopazo (FpV) y Delfor Sergnese (CF) cerraron filas a espaldas de la presidente del bloque Cambiemos Claudia Rocha. El objetivo es cumplir las ambiciones de Alberto Rodríguez Saá y Enrique Ponce.

En los fundamentos, la ordenanza sostiene que la “administración municipal tiene la necesidad de abordar la problemática de construir viviendas para atender la concreción de planes habitacionales”. Además “se enfrenta con un serio problema motivado por la falta de terrenos aptos para ser proyectados”.

Rocha hizo una descripción de la irregularidad y el motivo por el que su bancada se retiró cuando, sobre tablas y por sorpresa, el peronismo impuso la expropiación.

“Esto es la compra del kirchnerismo que hace Rodríguez Saá a través de dos expropiaciones poco transparentes. Es un matrimonio consumado. Dicen que no queremos que sean construidas viviendas cuando ellos en 6 años sólo hicieron poco más de 200 de las 10 mil que prometieron a los puntanos”, indicó la edil.

“Es el tercer caso que la provincia aporta a la Corte Suprema por expropiación de bienes federales. Las otras dos fueron por el Parque de las Quijadas y las vías ferroviarias, ambas con medidas cautelares en contra de la Provincia”, explicó el diputado Alejandro Cacace aludiendo a la expropiación.
En los autos "Provincia de San Luis c. Administración de Parques Nacionales s. expropiación", (expediente Nº 772/2010) y en los autos "Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE) c/ San Luis, Provincia de s/ medida cautelar", ambos en trámite en la Secretaría de Demandas Originarias del tribunal. En ambos ya se dictaron medidas cautelares a favor de las Administraciones nacionales, suspendiendo la aplicación de las normas provinciales expropiatorias.

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